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Las condiciones legales que permiten a cualquier interesado invertir en bienes raíces en Canadá pronto sufrirán algunos cambios. De hecho, a partir del 1 de enero de 2023, la Ley sobre la prohibición de compra de bienes inmuebles residenciales, por parte de no canadienses (S.C. 2022, c.10, s.235), entrará en vigor y se complementará con un reglamento.

Si se siente preocupado por estas nuevas medidas y desea realizar una compra de bienes raíces sin tener el estatus apropiado, esto es lo que necesita saber y hacer.

¿Quién se verá afectado?

Se prohibirá que un no canadiense compre, directa o indirectamente, cualquier propiedad residencial. Esto se aplica tanto a las corporaciones como a las personas que se consideran no canadienses.

Un no canadiense se define como cualquier individuo que no sea un ciudadano canadiense, una persona registrada como indígena bajo la Ley indígena o un residente permanente.

Hay algunas excepciones a la Ley. Estas incluyen residentes temporales que cumplan con las condiciones prescritas, una persona protegida, un no canadiense que compre bienes inmuebles residenciales con un cónyuge que tenga derecho a hacer lo mismo.

¿Qué significa esto en la práctica?

Sin perjuicio de la sección 34 de la Ley de Ciudadanía, un extranjero tiene prohibido comprar, directa o indirectamente, cualquier propiedad residencial. La Ley prohíbe el uso de corporaciones u otras entidades para realizar la compra a fin de evitar la aplicación de dicha Ley.

Los bienes inmuebles residenciales se definen como bienes inmuebles ubicados en Canadá, que pueden ser una vivienda unifamiliar, un edificio similar o una parte de un edificio. La Ley se aplica a las «compras». El reglamento especificará el alcance del término y lo que lo constituye, y establecerá excepciones para determinados tipos de bienes inmuebles y circunstancias.

¿Cuáles son los riesgos de transgredir la Ley?

Un extranjero que realice una compra infractora, así como cualquier persona o entidad que haya asesorado, instigado, ayudado o incitado; o intentado asesorar, inducir, ayudar o incitar, estará considerando una multa superior de 10,000 $. El Tribunal tendrá también la facultad de obligar a la venta del inmueble objeto de la contravención, así como de dictar la sentencia que considere adecuada.

En cuanto a la validez de la venta del edificio residencial, ésta no se verá afectada por una compra contraria a la Ley.

Por lo tanto, mientras dure la prohibición canadiense, se recomienda que cualquier persona que no cumpla con los criterios provistos por la ley obtenga un estatus migratorio canadiense que permita la adquisición de una propiedad residencial antes de concluir dicha transacción y esto, a partir del 1 de enero de 2023.

El equipo de Exeo permanece disponible para discutir las herramientas disponibles para usted en términos de estatus migratorio en Canadá.

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