El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 de EE. UU., creado bajo la Sección 203(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), ofrece un camino hacia la residencia permanente legal, comúnmente conocida como tarjeta verde, para inversionistas extranjeros calificados. A través de la inversión en proyectos con sede en EE. UU. que crean empleos estadounidenses, el EB-5 se ha convertido en una piedra angular de la política de inmigración basada en el empleo y un mecanismo importante para el desarrollo económico regional.
Hoy, sin embargo, este camino enfrenta un período crítico de transición. Los plazos legislativos establecidos bajo la Ley de Reforma e Integridad EB-5 (RIA) de 2022 han fijado una ventana de protección definitiva para los inversionistas: las solicitudes deben presentarse a más tardar el 30 de septiembre de 2026 para permanecer cubiertas bajo las disposiciones de derechos adquiridos del programa.
Este artículo examina el estado actual del EB-5 desde una perspectiva legal, explicando cómo opera la cláusula de derechos adquiridos, qué riesgos existen si el programa caduca nuevamente y cómo las discusiones políticas emergentes podrían remodelar la inmigración de inversionistas en los próximos años.
Del Vencimiento a la Reforma: Cómo la RIA Remodeló el EB-5
La categoría de inversión directa EB-5 fue autorizada permanentemente por la Ley de Inmigración de 1990, mientras que el Programa de Centros Regionales, que permite a los inversionistas agrupar capital a través de entidades aprobadas por el gobierno, siempre ha sido un programa temporal sujeto a reautorización periódica por parte del Congreso. Desde su inicio en 1993, el marco del Centro Regional se ha renovado varias veces. En junio de 2021, la autorización caducó después de que el Congreso no lograra aprobar un proyecto de ley de reautorización a tiempo, creando una interrupción sin precedentes.
Durante el vencimiento, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) suspendieron la adjudicación de todas las peticiones EB-5 pendientes (Formularios I-526 e I-829) y se negaron a aceptar nuevas presentaciones. Los inversionistas se encontraron incapaces de avanzar en sus casos de inmigración o recuperar sus inversiones de capital. Este período expuso la fragilidad inherente de un programa que depende de la renovación del Congreso.
En respuesta, el Congreso promulgó la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas, restableciendo el Programa de Centros Regionales por un período de cinco años, hasta el 30 de septiembre de 2027. Más allá de la reautorización, la RIA introdujo amplias medidas de cumplimiento y transparencia, incluidos informes anuales obligatorios, auditorías de fondos, restricciones a la compensación de promotores y nuevas definiciones para las Áreas de Empleo Dirigido (TEA).
Lo más importante, la RIA estableció una cláusula de derechos adquiridos, una protección legal que garantiza que cualquier inversionista que presente una petición I-526E a más tardar el 30 de septiembre de 2026 podrá continuar con el proceso de inmigración incluso si el programa no se renueva en 2027. Esta cláusula fue una respuesta directa a las dificultades experimentadas durante el vencimiento de 2021 y representa una evolución significativa en la legislación EB-5: por primera vez, los derechos de los inversionistas se preservan independientemente de la reautorización del Congreso.
La Cláusula de Derechos Adquiridos: Protección Legal para Inversionistas
La protección de derechos adquiridos codificada en la Sección 103 de la RIA asegura la continuidad para los inversionistas que actúen antes de la fecha límite. Específicamente, la ley establece que:
“Una petición presentada bajo la sección 203(b)(5) de la INA para la clasificación de un inversionista extranjero será adjudicada a pesar del vencimiento o caducidad del Programa de Centros Regionales.”
En la práctica, esto significa que los inversionistas que presenten el Formulario I-526E antes del 30 de septiembre de 2026 seguirán siendo elegibles para la adjudicación y podrán proceder a la residencia condicional y, posteriormente, a la eliminación de las condiciones (Formulario I-829). Los inversionistas que presenten después de esa fecha no estarían cubiertos si el programa no es reautorizado por el Congreso, deteniendo efectivamente la adjudicación hasta la renovación. El USCIS conserva la autoridad para continuar procesando peticiones bajo la cláusula de derechos adquiridos, incluso durante un vencimiento.
La limitación de esta protección es temporal. Expira un año antes de que finalice la autorización actual del programa, dejando una posible brecha de un año (de octubre de 2026 a septiembre de 2027) durante la cual los nuevos inversionistas podrían quedar nuevamente desprotegidos si la reautorización se retrasa. Este calendario sigue siendo controvertido, ya que expone a los inversionistas tardíos al mismo riesgo legislativo que la RIA buscaba abordar.
Paralelamente al marco EB-5, los formuladores de políticas de la administración Trump han planteado el concepto de un programa de “Tarjeta Dorada”, un modelo alternativo de visa de inversionista que implica una contribución no reembolsable (según se informa, alrededor de USD $1 millón) al gobierno de EE. UU., sin requisitos de creación de empleo. Si bien la propuesta sigue siendo conceptual, señala posibles cambios en la política de EE. UU.: alejándose de los modelos de inversión vinculados al empleo y avanzando hacia contribuciones fiscales directas. Desde un punto de vista legal, tal cambio podría reconfigurar o incluso reemplazar el EB-5 bajo la misma sección estatutaria (INA §203(b)(5)), lo que genera preocupación entre los Centros Regionales y los desarrolladores que dependen del capital EB-5.
Actualización sobre las tarifas del programa EB-5
Los inversionistas también deben conocer un desarrollo reciente relacionado con las tarifas del programa. El 11 de noviembre de 2025, un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó los importantes aumentos de tarifas de USCIS introducidos en abril de 2024, determinando que la agencia no realizó el estudio de tarifas obligatorio exigido por la RIA. Como resultado, el esquema anterior de tarifas más bajas queda reinstaurado de manera inmediata, incluyendo:
- Formulario I-526/I-526E: reducción de USD 11,160 a USD 3,675
- Formulario I-829: reducción de USD 9,525 a USD 3,750
- Formularios I-956/I-956F: reducción de USD 47,695 a USD 17,795
USCIS ha confirmado que las solicitudes pueden presentarse utilizando estas tarifas reinstauradas mientras el caso continúa, y que se ha implementado temporalmente un procesamiento manual para evitar rechazos por montos incorrectos. La American Immigrant Investor Alliance también ha indicado que se podrían buscar reembolsos potenciales para inversionistas y centros regionales que pagaron las tarifas más altas de 2024. Aunque aún es posible que haya más litigios, esta decisión ofrece un alivio financiero significativo para quienes están preparando una solicitud EB-5 en este momento.
Mirando Hacia Adelante: Una Ventana Estrecha pero Estable
Por ahora, el Programa EB-5 sigue plenamente operativo bajo la RIA. Sin embargo, los inversionistas prudentes deben ser conscientes de que las prioridades legislativas y administrativas pueden evolucionar rápidamente a medida que se acerca el 2027.
Desde una perspectiva legal y estratégica, los próximos 11 meses son críticos. Los inversionistas que contemplen la participación en el EB-5 deben considerar el momento de sus presentaciones, el cumplimiento de los proyectos seleccionados y el impacto potencial de los cambios de política. Las peticiones presentadas antes del 30 de septiembre de 2026 se benefician de protección estatutaria; las presentadas posteriormente no.
Para los ciudadanos extranjeros que buscan una tarjeta verde de EE. UU. a través de la inversión, esta es una ventana estrecha pero estable para actuar dentro de un marco legalmente protegido.
En Exeo, monitoreamos de cerca la política de inmigración de inversionistas de EE. UU. y los desarrollos transfronterizos, asesorando a nuestros clientes sobre cumplimiento, gestión de riesgos y planificación estratégica. El programa EB-5 sigue siendo un mecanismo viable y sensible al tiempo para aquellos que buscan alinear la inversión comercial con los objetivos de inmigración a largo plazo en EE. UU.
A medida que se acerca la fecha límite de septiembre de 2026, los inversionistas y sus asesores deben evaluar su preparación para proceder, evaluar la elegibilidad del proyecto bajo la RIA y mantenerse informados sobre los próximos cambios de política. Aquellos que deseen recibir más actualizaciones sobre desarrollos legislativos y regulatorios están invitados a suscribirse al boletín de inmigración de Exeo y a contactar a nuestro equipo para discutir sus objetivos y comprender cómo estos próximos cambios pueden afectar sus planes.
*Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento legal. Para obtener asesoramiento legal específico para su situación, comuníquese con un abogado de Exeo.
